Un laboratorio de Catalunya, suministra a EE.UU. fármacos para inyecciones letales

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La pena de muerte es la negación más extrema de los derechos humanos: consiste en el homicidio premeditado y a sangre fría a manos del Estado. Este castigo cruel, inhumano y degradante, que se impone en nombre de la justicia, viola el derecho a la vida, proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

EEUU vive una situación de desabastecimiento de los fármacos necesarios para aplicar este castigo cruel por el método de la inyección letal. Esto se debe a la negativa de varios laboratorios europeos a proveer a los estados que aplican la pena capital gracias a la presión de ciudadanas y organizaciones pro Derechos Humanos.

Esta situación ha llevado a las penitenciarías a experimentar con nuevos cócteles de fármacos (con resultados especialmente desastrosos ).

Hemos sabido a través de la prensa que una de estas nuevas sustancias, el rocuronio bromuro, procede de un laboratorio catalán. Tamarang Pharmaceuticals provee al sistema penitenciario estadounidense esta droga necesaria para practicar lo que consideramos asesinatos de estado.

Es importante que como ciudadanas a las que nos repugna la pena de muerte exijamos a Tamarang Pharmaceuticals que deje de ser cómplice necesario en la vulneración del más elemental de los derechos humanos.

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